• La Asamblea vota este jueves una proposición de ley impulsada por Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción.
  • La norma prevé la creación de la figuar del Defensor del Denunciante, que se encargará investigar y llevar ante la justicia la información remitida por el funcionario.
  • La propuesta dota de una serie de derechos al denunciante, como la confidencialidad o la protección ante posibles represalias.
  • En España, solo la Comunidad Valenciana y Baleares cuentan con un órgano específico similar.

En plena investigación de la única pieza secreta de la trama Púnica, donde el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rastrea los proyectos estrella (nuevos hospitales, Ciudad de la Justicia, ampliación del Metro…) de la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) por indicios de irregularidades, la Asamblea de Madrid debatirá este jueves la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción en la administración.

La propuesta dota de una serie de derechos al denunciante, como la confidencialidad o protección ante posibles represalias, y prevé la creación de la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción, un ente independiente que se encargará de tutelar, contrastar, investigar y llevar ante la justicia la información remitida por el funcionario. En España, solo la Comunidad Valenciana y Baleares cuentan con un órgano específico similar. En principio esta ley solo afecta a los funcionarios de la Comunidad de Madrid, ya que la norma no tiene capacidad para ser aplicada a los funcionarios de los ayuntamientos. Sin embargo la propuesta prevé que se puedan celebrar convenios con la administración local para que se adscriban a la ley.

“Esta ley lo que busca es garantizar una serie de derechos a los denunciantes de corrupción política en la administración. Personas valientes qu en muchas ocasiones han podido observar irregularidades o posibles casos de corrupción y no se han atrevido a denunciar”, afirma el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, que ha sido el encargo de presentar la proposición.

Aguado cree que esta ley es “necesaria porque España es uno de los cuatro países de la OCDE que todavía no tiene una norma de estas características”. “El gobierno central está arrastrando los pies con este tema y, por ello, es el momento de que las comunidades autónomas nos pongamos las pilas y empecemos a aprobar leyes que vayan en esta línea”, opina el portavoz de la formación naranja, que espera que PSOE y Podemos apoyen la iniciativa, ya que el Partido Popular ya ha mostrado su rechazo públicamente a la propuesta al considerar que ya existen mecanismos internos en las administraciones públicas y judiciales que permiten que los funcionarios puedan denunciar. “Mientras Cifuentes quiere tapar la corrupción de los gobiernos de Aguirre y González, Ciudadanos va a proteger a los denunciantes”, critica Aguado.

¿Cuáles serían los derechos del denunciante?

Al funcionario que acuda ante el Defensor del Denunciante tras detectar una posible irregularidad se le garantiza la salvaguarda de su identidad, asesoría legal gratuita, asistencia psicológica a él y su familia y la resolución de su denuncia.

¿Qué pasaría si se desvela su identidad?

La ley recoge que si se produce una filtración de la identidad del denunciante, la Comunidad de Madrid deberá indemnizar al denunciante. En caso de represalias, el Defensor puede dejar sin efectos medidas que el denunciante sufra de sus superiores, siempre que no se acredite que no tienen que ver con la denuncia.

¿Qué medidas de protección contempla la norma?

Los denunciantes podrán solicitar al Defensor que inste a la autoridad o al órgano competente la concesión de un traslado provisional a otro puesto de trabajo del mismo o equivalente grupo, cuerpo, escala o categoría profesional; o la concesión de un período de excedencia por tiempo determinado, con derecho al mantenimiento de su retribución.

¿En qué consistiría el procedimiento?

Tras la denuncia del funcionario, el Defensor dispone de un plazo inferior a 15 días para comprobar la documentación y decidir si hay indicios o no para iniciar la investigación. Si se admite la denuncia, el Defensor debe elegir si enviar esa documentación (si es lo suficientemente contundente) a la Fiscalía, o si por el contrario necesita iniciar la investigación para comprobar los hechos denunciados. La investigación debe quedar resuelta en un plazo de 3 meses, prorrogable otros 3 más.

¿Cómo se elegiría al Defensor del Denunciante?

La persona designada será nombrada por la Asamblea de Madrid con al menos el apoyo de tres quintos de los parlamentarios. Cada grupo parlamentario propondrá a un candidato, aunque un solo candidato puede ser propuesto por más de un grupo.

¿Podrían optar al puesto políticos?

No podrán optar al puesto ni cargos públicos, ni personas afiliadas a partidos políticos. Su dedicación será exclusiva. El candidato debe tener una experiencia acreditada de 10 años con una especialización en derecho penal.

¿Qué competencias tendría?

El Defensor del Denunciante podría personarse y registrar sedes de la administración implicadas con la investigación, realizar entrevistas personales con cualquier implicado (acompañado de su abogado), realizar y llevarse fotocopias de cualquier documentación que considere pertinente. La Ley le otroga, además, la potestad de exigir la colaboración de todos los órganos de la Comunidad de Madrid implicados de alguna u otra manera en la investigación en curso, pudiendo sancionar la negativa a colaborar.

¿Y límites?

El Defensor deberá cesar su investigación si un juez decide abrir una investigación sobre el caso.

¿Cuáles serían sus obligaciones?

Debería comparecer siempre que sea requerido por Comisión o Pleno de la Asamblea. Una vez al año tendría la obligación de presentar una memoria con todos los casos investigados.

Fuente original: 20 minutos